Indignados con causa. Desobediencia civil.

Rechazan un sistema político obturado en su representatividad y que es rehén del poder económico

Las relaciones entre el Estado y el sistema capitalista han pasado por tres etapas. En la primera, el Estado –laissez faire, laissez passer– se limitaba a preservar un espacio de libertad y seguridad. En la segunda, el Estado devino intervencionista, para limitar los abusos que la situación anterior propiciaba, mediante la creación del Estado de bienestar. Y en la tercera, ante lo que se juzgó un exceso intervencionista, el sistema capitalista ha optado por suplantar al Estado y ocupar su lugar, mediante un doble proceso de liberalización y desregulación. El banquero Sigmund Warburg lo explicó así: "La Segunda Guerra Mundial fue una guerra entre la democracia y la autocracia, que ganó la burocracia".

En esta fase nos hallamos hoy: el Estado está sometido –como sistema jurídico– a un proceso de desguace por una doble vía de privatizaciones y desregulaciones. Este proceso exige –como todos– una justificación que viene dada por una corriente de pensamiento atisbada por Hannah Arendt, hace años, en La condición humana. Arendt anticipó lo que hoy sucede: el predominio de la mentalidad privado-profesional en la vida de la mayor parte de las gentes, que dejan el espacio público en manos de los políticos profesionales, a los que se limitan a votar periódicamente sin inmiscuirse luego en su gestión.

Se consolida así un totalitarismo permisivo que concede al ciudadano una amplia gama de gratificaciones sensibles, con el fin de que se abstenga de intervenir en los procesos públicos, que son gestionados por expertos procedentes de los grupos de presión surgidos en torno a los poderes financieros. Si añadimos que el sistema de partidos ha mutado en una partitocracia burocratizada, integrada por políticos de hoja perenne, el resultado está servido: una obturación del sistema político, manifestada en una falta grande de receptividad a las demandas de los ciudadanos que no están instalados. Así las cosas, ¿a quién puede extrañar que comiencen a ceder las costuras del sistema, cuando la economía decae y disminuyen las gratificaciones sensibles con las que neutralizar a los ciudadanos?

En este marco se inscribe la reacción de los indignados, expresada en sus acampadas, que supone antes que nada un rechazo frontal al sistema. Por eso son absurdas las descalificaciones de este movimiento, con el pretexto de la falta de rigor e inviabilidad de sus propuestas. Lo que importa no es lo que piden, sino lo que rechazan: un sistema político obturado en su representatividad profunda y que es rehén, hoy más que nunca, del poder económico acumulado por las instituciones financieras. De ahí que las acampadas deban ser percibidas como un síntoma claro de una enfermedad grave.

En resumen: la obturación del sistema político hace que se desborden los cauces de participación establecidos y se pase a la desobediencia civil.

Éste es su pensamiento:
1. La desobediencia civil surge cuando un grupo significativo de ciudadanos se convence de que los canales para conseguir cambios están obturados.
2. No puede equipararse la desobediencia civil con la criminal, porque hay una gran diferencia entre el criminal que se oculta y el desobediente que desafía la ley a la luz del día. Además, a diferencia del revolucionario, el desobediente civil acepta la autoridad existente y la legalidad general.
3. Las sociedades modernas están sujetas a un acelerado proceso de cambio, que el derecho legaliza una vez producido, pero que suele ser resultado de acciones extrajurídicas. Ante este cambio, los canales de participación política de los ciudadanos son muchas veces insuficientes.
4. Por esta razón, a la desobediencia civil le corresponde una relevancia creciente en las democracias modernas: constituye una manifestación extrema del derecho del pueblo a asociarse para reclamar al gobierno o para protestar por sus decisiones.
5. El derecho a asociarse para disentir tiene su fundamento en el hecho de que la obligación moral de cumplir la ley nace del consenso originario fundacional del Estado, que limita el poder de los ciudadanos y fundamenta el poder del Gobierno, pero que no enerva el derecho de aquellos a participar en las tareas públicas.
6. Este consenso originario implica el derecho a disentir, de lo que resulta que la asociación para manifestarse –o para acampar– puede llegar a ser el único medio de acción.

Hasta aquí el discurso de Hannah Arendt, que –es cierto– difícilmente puede ser asumido por un juez a la hora de juzgar, pero sí debe ser tenido en cuenta por los políticos al reaccionar frente a los actos de desobediencia. Las soluciones de fuerza atajan los síntomas, pero no curan el mal. Y la enfermedad existe. Para darse cuenta de ello basta con hacerse esta pregunta: de verdad, de verdad de la buena, ¿quién manda?

Juan-José López Burniol

Los países más "felices" del mundo son ecológicos

Costa Rica es el país más "rico" del mundo, España ocupa el puesto 76 en este ranking y Estados Unidos, el 114. Al menos, según el denominado Índice de Felicidad del Planeta (HPI). Sus responsables, una ONG de economistas británicos, quieren demostrar que el modelo de desarrollo actual basado en la sobreexplotación de los recursos naturales es insostenible y, además, no hace más felices a los ciudadanos. El HPI, basado la esperanza de vida, el índice de felicidad de sus habitantes y la huella ecológica, señala que ningún país logra resultados del todo satisfactorios y, por tanto, reclama un cambio económico basado en el respeto al medio ambiente y la felicidad de los seres humanos.

 

Qué es el Índice de Felicidad del Planeta

El Índice de Felicidad del Planeta (HPI) refleja que un alto nivel de consumo de recursos, y por tanto de impacto ambiental, no favorece un alto nivel de bienestar humano. Así al menos lo señalan sus responsables, la New Economics Foundation (NEF), una ONG de un grupo de economistas de Reino Unido.
Su objetivo es proponer una alternativa a indicadores convencionales de la riqueza de un país, como el Producto Interior Bruto (PIB), y priorizar el elemento ambiental y el desarrollo sostenible para garantizar el bienestar de un país y sus ciudadanos. La NEF explica que el modelo actual de progreso es un mito que el planeta y sus habitantes no pueden mantener. Este hecho, según estos expertos, queda más en evidencia durante la crisis económica, que debe enfocarse como una oportunidad de cambio.

Costa Rica es el más "feliz" del mundo, España el 76º

- Imagen: New Economics Foundation -

 

El HPI evalua a 143 países de todo el mundo y un ranking y un mapa con colores muestran las diferencias entre ellos. El color verde señala los indicadores positivos, con una gama decreciente que pasa por el amarillo y el naranja hasta llegar al rojo (los peores datos).
Ningún país alcanza el objetivo idóneo en el que sus ciudadanos tienen una vida feliz y larga sin sobreexplotar los recursos naturales, pero algunos están más cerca que otros de lograrlo. En el top diez se encuentran Costa Rica, con un HPI de 76,1 sobre 100, República Dominicana (71,8), Jamaica (70,1), Guatemala (68,4), Vietnam (66,5), Colombia (66,1), Cuba (65,7), El Salvador (61,5), Brasil (61) y Honduras (61).

Los países considerados de forma convencional más desarrollados del mundo aparecen bastante más abajo. Holanda logra el puesto 43 con 50,6, Alemania el puesto 51 con 48,1, al igual que Suiza (puesto 52) y Suecia, un puesto más abajo, con 48 puntos. Estados Unidos, con 30,7, cae al puesto 114.
España alcanza el puesto 76 con 43,2 puntos. Este mal resultado se obtiene por su alta huella ecológica, ya que los demás valores (esperanza de vida, con 80,5 años, y satisfacción personal, con 7,6) son satisfactorios (color verde).

¿En qué consiste el pacto del euro?

Llamada de una oyente a RNE explicando en qué consiste el pacto del Euro y pidiendo que se de difusión de la noticia y se informe a la gente.

En el parlamento europeo, se quiere aprobar próximamente el llamado "pacto del euro".
Y de este hecho importante no se está hablando en los medios de comunicación.
"Democracia real ya" y los sindicatos europeos van a movilizarse para denunciar que no se apruebe este pacto.

Resumen de la intervención de la oyente en RNE:
Los acreedores en Europa, que son la banca de inversión alemana y francesa, son los que han prestado el dinero a los paises rescatados (Grecia, Irlanda...) y quieren cobrar sus deudas. Para garantizar que no pierden ni un euro de los negocios lucrativos y especulativos que han hecho a lo largo de 15 años.

1) Quieren imponer a los países miembros unos topes en el déficit público y en el gasto social. Esto es reducir el gasto social. Esto va a provocar que el gasto social no se financie.
Los topes van a incluir sanciones si los presupuestos generales del estado se desmadran.

2) La otra petición va a ser que la banca tiene que estar perfectamente saneada y estabilizada, y para ello, los gobiernos tendrán que desviar fondos públicos para garantizar esa estabilidad de la banca, detrayéndolos del estado del bienestar, del desempleo, incrementando la edad de jubilación, etc..

3) Quieren subir los impuestos indirectos: Los carburantes y el IVA

4) Quieren una flexibilidad empresarial ligada a la competitividad y productividad. Darle flexibilidad a las empresas.

Estas medidas antisociales se están aplicando ya en los países rescatados.

El parlamento europeo con estas medidas quiere salvaguardar los intereses de la gran banca y los mercados financieros.