Uno de los movimientos más positivos que han surgido en la vida política de Cataluña (y del resto de España) ha sido el movimiento definido como el de los Indignados o 15M. Su fuerza se basa en que las causas de su indignación son ampliamente compartidas por la mayoría de la población, como atestiguan las encuestas publicadas en varios medios. Una de estas causas ha sido los recortes del gasto público en las transferencias y servicios públicos del estado del bienestar en Cataluña (y, muy en particular, en sanidad, educación y servicios sociales). Estos recortes se están realizando a pesar de que ninguno de ellos estaba anunciado en el programa electoral de Convergencia i Unió, el partido que ganó las elecciones hace sólo unos meses. Es más, el entonces candidato de CiU, Artur Mas, durante la campaña electoral había subrayado que no haría recortes ni en sanidad, ni en educación. Y ahora lo está haciendo con el apoyo del Partido Popular, cuya suma de parlamentarios significa la mayoría del Parlamento. Estos recortes son impopulares y ello a pesar de que la mayoría de los medios, incluyendo los medios públicos de la Generalitat de Catalunya, tales como TV3 y Catalunya Ràdio, los han presentado como necesarios e inevitables, sin considerar alternativas a los recortes como el aumento de los impuestos de los sectores más pudientes que se han beneficiado durante estos años de los recortes de impuestos, recortes que siempre han contado con el apoyo de CiU y del PP. El gobierno de la Generalitat, y por tanto el Gobierno CiU, tiene plena responsabilidad fiscal para aumentar tales impuestos.
LO QUE OCURRIÓ ESTA MAÑANA EN EL PARQUE DE LA CIUTADELLA
El movimiento de los indignados había decidido en su última asamblea hacer un acto simbólico de protesta frente a las decisiones que se iban a tomar en el Parlamento esta mañana, que incluía la apertura de un proceso parlamentario que conduciría a tales recortes aprobados por CiU con el apoyo del PP. En este acto simbólico se incluía rodear el Parlamento con una cadena humana, protestando por las decisiones que se iban a tomar en el Parlamento, dificultando además el acceso al mismo por parte de los parlamentarios. Estaba claro que una consigna de este movimiento (como consta en su web) era ser meticulosamente antiviolencia, habiendo enviado la consigna a todos los participantes. Esta consigna no se respetó y hubo unos grupos no representativos del colectivo general que cometieron actos de violencia, agrediendo a algunos parlamentarios (paradójicamente algunos parlamentarios de partidos de izquierda que iban a oponerse a tales recortes).
A partir de entonces ha habido un intento de los medios de mayor difusión de utilizar los actos irresponsables de algunos grupos poco representativos del movimiento 15M para desacreditar a todo el movimiento. Hubo una movilización masiva, incluyendo de los medios públicos de la Generalitat para desacreditar tal movimiento. De ahí que me vea en la necesidad de hacer las siguientes declaraciones:
1. Mi apoyo al movimiento de los indignados, a su causa y a sus métodos no violentos. Son continuadores de las generaciones anteriores que lucharon y luchamos por la democracia durante la dictadura y otras, más tarde, que lucharon para mejorarla. Como indiqué en una charla en la Plaza Cataluña a los indignados la semana pasada, tienen que ser conscientes de que son herederos de nuestros padres que perdieron la Guerra Civil defendiendo la República democrática, de mi generación que en los años 50 y 60, en condiciones muy duras, luchamos contra la dictadura y de los trabajadores que con sus huelgas forzaron la caída de aquel odiado régimen en los años 70. De ahí su enorme valor y responsabilidad, en su intento de reformar la democracia tan incompleta y el bienestar tan insuficiente que todavía existe en Catalunya y en España treinta y tres años después de terminar la dictadura.
2. Su gran fuerza deriva de tener razón, tener la simpatía de la mayoría de la población y ser herederos de otros que lucharon para alcanzar la democracia que el pueblo catalán y los pueblos de las otras naciones de España se merecen. Ello conlleva también una gran responsabilidad, lo cual implica que deban organizarse y excluir de sus movimiento a aquellos que con sus métodos violentos (que hasta ahora son una minúscula minoría) hacen al movimiento muy vulnerable a que pierdan el recurso más valioso que tienen, que es el apoyo de las clases populares. La estructura de poder en Catalunya y sus medios son enormemente poderosos y utilizarán todos los medios para desacreditarlos. De ahí la necesidad de organizarse, lo cual no quiere decir convertirse en partido o cualquier otra asociación, sino tener un criterio claro de pertenencia y de acción con un compromiso de no dar pie a que el adversario te destruya.
De ahí que deben reconocer que fue un error (tal como se lo comuniqué cuando lo estaban planificando) el intentar evitar el acceso de los parlamentarios al Parlamento, puesto que ello conllevaba un elevado riesgo de violencia y además asumía erróneamente que todos los políticos son iguales, postura que también había criticado en la presentación del domingo en Plaza Cataluña. Las fuerzas democráticas quedan debilitadas enormemente cuando estos errores son utilizados automáticamente para desacreditar al movimiento, como está ocurriendo ahora. El objetivo de un movimiento reformista no es la anulación del Parlamento, si no su necesaria y urgente mejora, exigiéndole que sea más sensible a los deseos ciudadanos y que no lo sea sólo cada cuatro años para, al día siguiente de salir elegido, hacer lo contrario.
3. Lo que ha ocurrido esta mañana no debe ocultar que la causa mayor de tales disturbios son aquellos políticos gobernantes en Cataluña y sus aliados, el PP, que están actuando de una manera antidemocrática, llevando a cabo políticas que no estaban explicitadas en sus programas electorales. Como bien dijo recientemente el Arzobispo de Canterbury, Rowan Williams, en su denuncia a los recortes de gasto público social de David Cameron, en Gran Bretaña, recortes que tampoco habían sido anunciados en su programa electoral, “el gobierno no tiene ni moralidad, ni legitimidad democrática para llevar a cabo estos recortes, excusándose bajo el argumento de que el déficit del Estado era mayor del esperado”. Como dijo tal dirigente eclesiástico británico, la rapidez con que el gobierno ha hecho estos recortes muestra claramente que esto ya estaba planificado. Es una lástima, aunque sea predecible, que los mal llamados “portavoces de la moralidad de Catalunya y de España” no hayan hecho declaraciones semejantes. Es un indicador de su baja calidad moral y escasa conciencia democrática que las autoridades eclesiásticas hayan permanecido silenciosas frente a tales recortes no programados en las ofertas electorales de sus partidos afines.
4. El argumento que se está utilizando más en el discurso político y mediático en Cataluña es que tales recortes son necesarios debido a la presión de los mercados financieros. Esta nota es plena admisión de que la democracia no funciona en Cataluña (y en España), puesto que nadie ha elegido a estos mercados. Pero la realidad es que no son los mercados los determinantes de estos recortes, puesto que éstas y otras medidas, como la desregulación del mercado de trabajo, son las medidas que los grupos que predominantemente apoyan y financian a CiU y PP han estado deseando que se hicieran, mucho antes de que aparecieran los mercados financieros.
5. Aunque la crítica mayor del movimiento 15M es hacia los partidos conservadores y neoliberales, el hecho es que también incluye a fuerzas y partidos políticos de izquierdas, que han también realizado políticas criticables en Cataluña e inaceptables en España. Debieran hacer una autocrítica más profunda de la que están realizando.
6. La democracia catalana y española es dramáticamente insuficiente. Indicadores de ellos son múltiples. Uno de ellos es que en las últimas elecciones municipales los votos a los partidos de izquierda suman más que los votos a los partidos de derecha. Y si a ellos se suman los votos en blanco y la abstención (la mayoría de izquierda, según muestran los sondeos de intención de voto), resulta que Cataluña continúa siendo un país de izquierdas y centro izquierda. Y es también interesante resaltar que incluso muchos votantes de centroderecha y derecha simpatizan claramente con políticas redistributivas y políticas expansivas del estado del bienestar, con una reforma fiscal profunda y progresista. De ahí que haber ganado unas elecciones no es suficiente para llevar a cabo políticas que no cuentan con un apoyo amplio de la sociedad. Como consecuencia, la distancia entre los gobernantes y los gobernados se está ampliando peligrosamente, cuestionando la propia legitimidad del sistema democrático, lo cual es sumamente preocupante para todas las personas que hemos luchado por tener democracia en este país.
7. La democracia no es sólo democracia representativa (que en Cataluña está muy limitada), sino democracia directa y participativa. Democracia no es sólo votar cada cuatro años, democracia es también la participación ciudadana a través de varias formas y modos, tales como referéndums, formas comunitarias y asamblearias de participación, y otras formas de intervención más directa y menos delegada por parte de la ciudadanía. La transición inmodélica de la dictadura a la democracia se hizo en términos muy favorables a las fuerzas conservadoras que controlaban el estado. De ahí que tengamos una democracia que parece temer a la población, limitando enormemente las vías de participación. La población no tiene mecanismos para corregir decisiones que no tienen el apoyo popular, limitándose a expresar su frustración cuatro después del voto anterior. Esto es lo que está pasando hoy en Cataluña. El gobierno está proponiendo y haciendo políticas que no estaban en su programa electoral, lo cual también está ocurriendo con el gobierno español. Ello explica el enorme descrédito del partido gobernante español. No es democrático en Catalunya decirle a la población frustrada e indignada que se espere cuatro años más.
8. Para que exista una democracia es necesario que los medios de comunicación sean plurales y diversos ideológicamente. Esto no ocurre en Cataluña, como lo muestra que el mayor debate que ha tenido lugar en Cataluña sobre los recortes ha sido como hacerlos, sin nunca (o casi nunca) incluir voces que presentaran otras alternativas como la corrección de las políticas fiscales regresivas que se han ido siguiendo estos últimos años. Por cada recorte hay una alternativa que ni siquiera se ha considerado en el debate mediático. Uno de los mayores problemas que tiene la democracia catalana y española es precisamente esta falta de diversidad ideológica de los mayores medios de comunicación,
9. La criminalización de este movimiento 15-M por parte de un número significativo de estos medios es profundamente antidemocrática y es una defensa grosera y vulgar del pensamiento conservador y neoliberal dominante en tales medios que está asfixiando a este país.
10. La violencia debe denunciarse, ya sea física, oral o emotiva. De ahí que los que agredieron a los parlamentarios deben denunciarse con toda intensidad. Pero los medios que están utilizando esta evidencia para desacreditar a un movimiento auténticamente democrático y no violento, debieran también denunciar y condenar la violencia de la policía y sus responsables, así como los insultos y las agresiones verbales que realizan algunas y algunos periodistas que abusan de su forum público (pagado por todos los ciudadanos) para insultar constantemente a aquellos con los que están en desacuerdo (casi siempre son de izquierdas) y que saben que no les pueden responder porque no tienen acceso a tales medios. Esto es también violencia.
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Vicenç Navarro ha sido Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Barcelona. Actualmente es Catedrático de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Pompeu Fabra (Barcelona, España). Es también profesor de Políticas Públicas en The Johns Hopkins University (Baltimore, EEUU) donde ha impartido docencia durante 35 años. Dirige el Programa en Políticas Públicas y Sociales patrocinado conjuntamente por la Universidad Pompeu Fabra y The Johns Hopkins University. Dirige también el Observatorio Social de España
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