La tercera parte de los ayuntamientos oculta sus gastos al Tribunal de Cuentas

Carlos Sánchez.- 08/06/2011

La gestión de miles de ayuntamientos continúa siendo un arcano. Al menos, para el Tribunal de Cuentas, el organismo encargado de fiscalizar el gasto público. Lo preocupante del caso es que este fenómeno de ocultamiento no afecta sólo a los pequeños municipios. También a los grandes. Según el Tribunal de Cuentas, nada menos que el 18% de los municipios con más de 5.000 habitantes y menos de 50.000 incumple la obligación de rendir cuentas. En el caso de los ayuntamientos con más de 50.000 habitantes, que ya pueden considerarse de cierto tamaño, el 6% tampoco presenta sus números a los órganos de fiscalización. En el caso de los ayuntamientos con menos de 1.000 vecinos, el 27% no reporta sus cuentas a los poderes públicos.

Las cifras proceden del Informe de Fiscalización del Sector Público Local correspondiente a los ejercicios 2006, 2007 y 2008, que fue aprobado el pasado 24 de marzo por el Pleno de Tribunal de Cuentas, y en el que se pone de relieve hasta qué punto se ha generalizado esta práctica.

Incluyendo las entidades de ámbito menor al municipio (alcaldes pedáneos), se estaría hablando de que más de 3.500 municipios españoles continúan sin rendir cuentas en plena era de la información. Y ello pese a que la Constitución establece que “la gestión de cuentas del Estado y del sector público estatal se rendirán al Tribunal de Cuentas y serán censuradas por éste”. No ocurre así en muchos casos, y eso abunda en la idea de quienes piensan que no se ha avanzado prácticamente en la transparencia en el gasto.

El 51% de municipios no presenta sus cuentas para que sean fiscalizadas. Pero es que en el caso de las entidades de ámbito inferior al municipio, el porcentaje llega al 86%. Como pone de relieve el Tribunal de Cuentas, en algunos casos no se trata de pequeñas localidades, sino que son representativas, lo que es todavía más chocante.

En palabras del órgano fiscalizador, este desapego por la transparencia “denota una manera de actuar por parte de estas entidades ante los órganos de control que convierten en excepción el cumplimiento de la norma y no, como sería lo normal en un Estado democrático, su incumplimiento”.

Denuncia reiterada.

No se trata, como se ha dicho, de un fenómeno nuevo. Como recuerda el Tribunal de Cuentas, en anteriores informes anuales “se ha venido denunciado de forma reiterada el deficiente nivel de cumplimiento, en tiempo y forma, por parte de las entidades locales de la obligación de rendir cuentas de su gestión”. Incluidos los órganos de control externo dependientes de las comunidades autónomas.